Según medios de información, dirigentes y movimientos sociales del sur de Perú, acordaron una nueva movilización popular con destino a Lima. Varios grupos han exigido la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso Nacional, la convocatoria a elecciones generales para 2023 y la conformación de una asamblea constituyente que renueve la carta magna del país.
La cadena de Radio Programas del Perú (RPP) informó que “Los dirigentes acotaron que las coordinaciones también se desarrollan en las 13 provincias de Puno (sur), desde donde partirán grandes grupos de manifestantes por cada localidad para hacer sentir su voz de protesta en Lima”
Señalan los medios que la convocatoria pretendería emular la “Toma de Lima”, donde el Paro Nacional Cívico y Popular convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), se articuló en protesta por las acusaciones de fraude electoral en la tercera elección consecutiva del entonces mandatario Alberto Fujimori.
Dina Boluarte se dirigió a los habitantes de Puno, en el marco de la mesa de diálogo por la paz y la gobernabilidad denominado Con Punche Regional, en la ciudad de Lambayeque en el norte de país. Allí aseguró que desde el inicio de su gestión ha enviado funcionarios a la zona sur con el fin de establecer un diálogo con los movimientos sociales. Sugirió Boluarte que “grupos radicales” están imponiendo “una agenda política y no social”.
Cabe recordar que la crisis política que atraviesa Perú, se desató cuando el Congreso peruano destituyó a Pedro Castillo y nombró como jefa de Estado a Boluarte. Castillo había intentado cerrar el Congreso y tomar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional para establecer un gobierno de excepción.
Castillo fue detenido y permanece en prisión en un penal de Lima. Acusado del delito de rebelión, cumple 18 meses de prisión preventiva. Asimismo el Ministerio Público peruano informó que solicitó aumentar a 36 meses de prisión preventiva, contra el expresidente y dos de sus ministros por presuntamente liderar una organización criminal.
Por otro lado, hay varias encuestas que señalan que la presidenta y el parlamento son rechazados por una amplia mayoría de los peruanos. Desde la destitución de Castillo, diversas protestas sociales se han manifestado en grupos y organizaciones de ciudadanos; se exige la salida de la presidenta Boluarte y los miembros del Congreso, a través del adelanto de elecciones generales. La Defensoría del Pueblo señala que al menos 59 civiles han muerto durante las protestas; la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
