Olivier De Schutter, jurista belga, desde 2020 se desempeña como Relator Especial (asesor independiente externo) sobre la Extrema Pobreza y Derechos Humanos de Naciones Unidas, y cuestiona el argumento de que el crecimiento económico resolverá el problema de la pobreza. En su informe difundido la primera semana de julio, propone erradicar la pobreza más allá del crecimiento. Actualmente 670 millones de personas (el 8,4 % de la población mundial) viven por debajo del umbral internacional de pobreza, fijado en 2,15 dólares al día.
Basado en más de 130 contribuciones gubernamentales, de instituciones de derechos humanos y de organizaciones de la sociedad civil, el informe que De Schutter preparó para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, Suiza, señala que muchas naciones continúan actuando como si el crecimiento infinito fuera posible. A partir de estudios climáticos, recuerda que ya en 2019, debido al tipo de sistema productivo hegemónico a nivel mundial, el 75 % de la superficie continental de la Tierra había sufrido alteraciones considerables, el 66 % de la superficie oceánica experimentaba efectos acumulativos cada vez mayores y se había perdido más del 85 % de los humedales.
Señala De Schutter que actualmente es agravante el panorama de criminalización de las personas sin hogar y en situación de pobreza; destaca la realidad cotidiana de hombres, mujeres y niños que viven en la calle y que son multados y penalizados de diferentes maneras por actividades tan básicas como dormir, lavarse, cocinar, comer, mendigar y trabajar en la calle. Las prácticas represivas no solo no resuelven el problema, sino que además violan directamente históricos derechos humanos.
Entendido como panacea y como prioridad, este reconocido profesor de derecho internacional, argumenta que centrar la importancia sólo en el crecimiento desvía la atención de algo también importante: la erradicación de la pobreza y el logro del bienestar de todas las personas, no solo de una afortunada minoría. El autor señala que las economías de los países ricos han crecido mucho sin que la gente prospere. Concluye, que en esos países el crecimiento no ha conseguido reducir la pobreza y las desigualdades ni crear empleo. Lo cual deja entrever la mala distribución que se emplea en esas economías.
La concepción económica dominante detrás de esta fórmula de crecimiento, según De Schutter, se basa en el saqueo de los recursos del Sur Global, “un modelo de dominación post-colonial mantenido por el yugo de la deuda externa”. En los países pobres, donde aún se necesitan importantes inversiones para construir escuelas, hospitales, infraestructuras de transporte o electricidad, el crecimiento resulta útil. Sin embargo, en la práctica a menudo ha sido vorazmente extractivo, motivado por la explotación de una mano de obra barata y la utilización insostenible de los recursos naturales. El crecimiento económico contribuye de verdad al reconocimiento y la afirmación de los derechos humanos, cuando su orientación se reorienta “hacia la satisfacción de las necesidades…en lugar de limitarse a enriquecer a los ricos y fomentar el dominio de los grandes actores económicos”.
Cambio de paradigma
De Schutter enuncia tres recomendaciones fundamentales para una mejor redistribución: en primer lugar, promover lo que De Schutter denomina el Pacto para el Futuro, una propuesta “centrada en la efectividad de los derechos humanos más que en un aumento de los niveles agregados de producción y consumo”. Se trata de un replanteamiento urgente de la lucha contra la pobreza, abogando por un cambio hacia una economía que dirija los recursos hacia los servicios públicos y la protección social. En segundo lugar, reestructurar y condonar la deuda y la financiación de servicios públicos universales mediante impuestos progresivos sobre la herencia, la riqueza y el carbono. Por último, procurar una mayor cooperación internacional contra la evasión fiscal, un mecanismo sistémico multiplicador de la miseria en vastas regiones del globo.
En la propuesta adquieren una importancia esencial el estímulo a la economía social y solidaria; la democratización del trabajo. Es imprescindible prestar servicios básicos y aumentar los ingresos garantizando el derecho a un salario mínimo y a una remuneración justa, y reforzando la protección social. Según De Schutter, los gobiernos deben garantizar “el acceso de todas las personas a los servicios que aseguran el disfrute de los derechos humanos: una vivienda adecuada, atención sanitaria, alimentos nutritivos a través de comedores escolares, agua y energía, transporte y acceso digital”.
Para De Schutter escapar a la dependencia del crecimiento sin distribución de la renta, requerirá estrategias plurianuales y el despliegue de esfuerzos intencionales en los distintos niveles de gobernanza. La preocupación por el estado del medio ambiente también es central a la propuesta, ya que se trata de “remodelar la economía para producir bienes y servicios ecológicamente sostenibles y de mayor utilidad social, y reducir significativamente la producción innecesaria y excesiva”.
Ya en el ámbito laboral, la propuesta sugiere, garantizar puestos de trabajo respaldados por el gobierno, valorar el trabajo doméstico y de cuidados de la familia, establecer salarios mínimos y poner un tope a la riqueza generada por industrias destructivas. “Estas son las políticas que realmente pueden beneficiar al planeta y a sus habitantes”, sentencia De Schutter.
Fuente: El cohete a la luna