El principal conflicto económico y geopolítico que enfrenta hoy la región sur sudamericana, involucra a Brasil, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, China, la Unión Europea y la mafia calabresa.
Por la Vía fluvial Troncal sale al océano la producción agropecuaria de la Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia; se trata de una ruta fluvial de 1.477 km que permite la navegación a distintos tipos de embarcaciones de carga. Su recorrido pasa por los ríos Paraná, Paraná de las Palmas, y Río de la Plata.
En la actualidad la salida al océano es por el puerto de Montevideo, el cual podría ser desplazado por puertos argentinos con el proyecto del Canal Magdalena; este acortaría a casi la mitad el trayecto de 120 km de los buques que conducen más del 80% de las exportaciones argentinas por los ríos interiores hasta el Atlántico.
La empresa belga Katoen Natie, la misma que opera en el puerto belga de Amberes, principal puerta de entrada a Europa de la cocaína sudamericana, se vería afectada por la marginación del puerto libre de Montevideo por la habilitación del Canal Magdalena. El gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof ratificó la prioridad que le asigna al dragado y la habilitación del Canal Magdalena, el 2 de mayo al inaugurar el año legislativo.
Además el Canal Magdalena prescindiría del puerto de Nueva Palmira, como punto final de la Vía Fluvial Troncal Paraná-Río de la Plata. Uruguay prorrogó hasta 2081 el contrato con Katoen Natie. La concesión vencía en 2031 y el actual gobierno de Luis Lacalle Pou le concedió 50 años más, hasta 2081. Asimismo trascendió en prensa, por una alta fuente policial de Uruguay, que los capitales que financian el tráfico ilegal en la zona, pertenecen a la ‘Ndrangheta calabresa, que tiene como operador a la organización ilegal paulista Primer Comando de la Capital. Cabe resaltar que en Uruguay no se conocen cifras estimadas de la droga que pasa por el territorio o la que es consumida allí; dando una idea del tipo de control real que se ejerce.
Con su opción por el canal Magdalena, Kicillof contradijo la posición de la administración de Javier Milei, que colocó a la Administración General de Puertos en la nómina de entes a privatizar. Trascendió también que el ejecutivo tiene un decreto preparado para suprimir el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Fluvial. Se afirma que tiene asegurados los votos en la Cámara de Diputados para insistir con su sanción del paquete fiscal, en lo que se refiere a la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y al impuesto sobre los bienes personales, que el Senado rechazó.
Lucha de puertos
Katoen Natie compró la concesión del puerto belga de Amberes en 1986. Le llevó quince años el ingreso al negocio portuario en Uruguay, con un contrato por 30 años, firmado durante el gobierno del Presidente Jorge Batlle (2000-2004), que por la última renovación se extenderá a 80 años. También le permitió ampliaciones, de modo que para 2026 tendrá 380 metros de muelle y una playa de contenedores de 59 hectáreas. La Aduana de Uruguay no tiene medios ni recursos para controlarlos, aun si se lo propusiera.
En marzo de 2023, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) sostuvo que Uruguay tiene un lugar significativo en el tráfico, y que las cargas se trasvasan a barcos oceánicos en el puerto de Montevideo. Hace diez días, el diario inglés The Guardian investigó la expansión del narcotráfico en Rosario. La hidrovía fue descripta como la ruta clave para el transporte de cocaína desde Perú y Bolivia hacia Europa y África.
Según el periódico entre febrero de 2020 y julio de 2022, se incautaron en puertos europeos una decena de cargamentos de cocaína desde la hidrovía, de más de 500 kg. Al mismo tiempo la tasa de homicidios en Rosario es de 22 cada 100.000 habitantes, cinco veces mayor que el promedio nacional.
The Guardian no se refiere al puerto de Montevideo. Tampoco menciona a Thomas Hood ni a Lord John Ponsonby. Hood fue el cónsul inglés en Montevideo que en 1825 informó que José Artigas y sus partidarios procuraban “la total independencia de todos los otros países, la destrucción o división de rango y propiedad, y la igualdad basada en hacer a todos iguales pobres”. El vizconde Ponsonby, ministro plenipotenciario de Gran Bretaña en las Provincias Unidas del Río de la Plata, fue apartado de Londres por su relación con la amante del rey Jorge VI, y odiaba la ciudad de su exilio, “el lugar más despreciable. Me colgaría si encontrase un árbol apropiado. Suspiro cuando pienso que tendré que quedarme […], en este lugar de barro y osamentas pútridas, sin carreras ni caminos ni casas pasables, ni libros ingleses, ni teatro soportable; nada bueno, como no sea la carne […]. Además, la jactancia republicana con todo su vigor. Intolerable sitio”.
Iniciada la guerra con el imperio de Brasil, Ponsonby actuó como mediador y en 1828 propuso la independencia de la Banda Oriental, que permitiría a los comerciantes británicos manejar el comercio y las finanzas en la Cuenca del Plata, sin rendirle cuentas a una autoridad naval y comercial única. Dos años después, Ponsonby repitió la maniobra en Europa, al proponer la creación del Reino de Bélgica, como salida al conflicto entre las provincias neerlandesas de Flandes y Valonia.
Ensenada, lo útil y lo agradable
El canal Magdalena es de importancia política para el gobernador Kicillof, porque en Ensenada se asienta la Mesa que sostiene su precandidatura presidencial, con los intendentes Mario Secco y Fabián Cagliardi, de Ensenada y de Berisso, que forman una unidad geográfica y política con la capital provincial.
El año pasado se convocó a licitación internacional para dragar el canal Magdalena, pero se declaró desierta por falta de ofertas. Señalan expertos que esto obedeció a una suma de factores, donde los intereses creados de las empresas portuarias, aceiteras y agroexportadoras no querían que se altere el statu quo.
El ex director de la Federación Agraria Argentina, Pedro Peretti, sostiene que el puerto de Montevideo es un enjambre de empresas multinacionales, radicadas allí al solo efecto de evadir impuestos y cita el cálculo de los tributaristas Alejandro Gaggero y Gustavo Zanotti: la manipulación de los precios de transferencia con sus propias empresas cáscara montadas en el Uruguay “les permite embolsar entre 1.200 y 2.400 millones de dólares al año, porque no cobra impuestos a las rentas provenientes de actividades realizadas en otros países”.
El canal Magdalena favorecería a las industrias marítimas y sus proveedoras argentinas, reduciría los costos de movimiento de mercaderías, con el abaratamiento del desarrollo de actividades económicas en Argentina.
En marzo, la Administración General de Puertos argentina firmó un memorándum de entendimiento con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Según la embajada a cargo de Marc Stanley, ambos países se proponen “combatir actividades ilícitas en las operaciones de vías navegables”. Ya antes lo había hecho Paraguay. Por su parte, empresas chinas están dragando el puerto sobre el Atlántico de Paranaguá, Brasil, para habilitarlo a calados de 12,5 a 14,5 metros, y tendrían interés en el de Ensenada. La injerencia estadounidense es comprensible ya que, además de la droga, por ahí transita el grueso de las exportaciones de soja a China.
El canal Magdalena permitiría a los barcos que parten o llegan a los puertos fluviales argentinos transitar a plena carga, sin necesidad de completar cargamento en puertos de otros países. El canal Magdalena pasará a ser la continuación de la vía fluvial que administra la empresa Hidrovía, constituyendo un canal logístico argentino.
Esta mudanza pronostica una transición nada pacífica, afirma una fuente de la embajada de Estados Unidos en Montevideo, adscripta al Overseas Security Advisory Council, organismo del Departamento de Estado con participación privada que promueve la seguridad en las sedes diplomáticas.
La paz acordada es buena para los negocios, y la excepción se ejemplifica en Rosario. Allí, el microtráfico había logrado sofisticadas relaciones con miembros de las fuerzas de seguridad, empresarios y políticos; el uso que han hecho de la violencia les ha permitido controlar economías ilegales en vastas zonas de la ciudad. Pero el acuerdo se quebró en 2012, con el asesinato de Martín Paz, conocido como El Fantasma, cuñado del jefe actuante, Claudio Cantero, alias El Pájaro, asesinado al año siguiente. El mando de la banda lo tomó otro hijo de El Viejo Ariel Cantero, Ariel Máximo Cantero, alias Guille, quien lo ejerce hasta hoy.
Fuerza armada no pacifica
En abril de 2014, el entonces ministro de seguridad argentino Sergio Berni dirigió el desembarco de Gendarmería en Rosario, según dijo para desmantelar los llamados búnkers. Esta estrategia de militarización ha continuado en la administración de Mauricio Macri y fue incrementada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La reacción del crimen organizado minorista fue escalar la violencia con asesinatos al azar. Ni Berni ni Bullrich lograron pacificar el microtráfico. Mientras tanto, el macrotráfico continuó sus actividades en forma habitual en Santa Fe.
En Uruguay, Lacalle Pou reconfiguró un aparato policial que había logrado un notorio grado de eficacia. Fue formado y perfeccionado durante cinco gobiernos consecutivos, desde el segundo de Julio María Sanguinetti en 1995, el siguiente de Jorge Batlle y los tres posteriores del Frente Amplio. Hoy sólo permanecen en el cargo seis de los jefes de policía de los 19 departamentos nombrados en 2020. Para regular la relación con el crimen organizado los reemplazó por recomendados políticos, personal dado de baja por faltas graves y, en general, personas sin dominio de las nuevas tecnologías que empezaron a utilizarse en las últimas décadas. Confió que así se reducirán los asesinatos en serie que hoy tienen un alto costo político, y hacen de la inseguridad ciudadana un problema de primera línea.
En 1992 fue votado en Uruguay por unanimidad el espacio de Puerto Libre. Luego extendieron sus facilidades a los puertos de Nueva Palmira, Fray Bentos y Colonia. Se lo propició con el declarado propósito de que fuera un hub del comercio que une la Hidrovía. Fue en torno a ese cambio de década que empezó a llegar la droga al sur, en procura de puertos menos vigilados. El Puerto Libre favorece el acondicionamiento de la droga que llega en bultos desde Colombia en barcazas de mínimo calado, es estibada y disimulada con toda comodidad en containers, para su viaje interoceánico. Está eximida de impuestos, tasas o tributos a la importación. Su destino puede cambiarse, y reexportar sin cumplimentar trámite alguno.
La caída
Al salir de Puerto Libre sólo la aduana en Uruguay puede hacer controles; tenida por ineficiente desde hace décadas por el propio sindicato de la Dirección General de Aduanas. Su scanner proporcionaba una imagen débil, que no captaba cargas de cocaína que luego eran detectadas en Europa. El reemplazo desembarcó en 2007. Con tan mala suerte que uno de los cuatro cables que lo sostenían se zafó y el aparato se destruyó al caer. Recién llegó uno nuevo casi quince años después. Pero este no escanea debidamente el piso del container, que es donde en Europa se suele hallar la droga, y su imagen es poco nítida. Luego de dos décadas de exportaciones sin el instrumento básico de control, se espera para 2025 la llegada de tres nuevos scanners.
Lacalle nombró como director del flamante Servicio de Inteligencia Estratégica del Estado, a Adolfo Garcé, quien pronunció un fuerte mensaje contra el tráfico de drogas ilegales, seguido por acción ninguna. La acción de inteligencia de los once organismos del Estado que se suponen aúnan fuerzas en el trabajo, no ha tenido resultados visibles ya entrado el cuarto año de gobierno blanco. La reforma judicial emprendida por Lacalle Pou unió los dos juzgados sobre lavado de activos en una fiscalía. Su titular, Enrique Rodriguez, declaró que casi no había casos y que los existentes eran por montos menores. No explicó cómo se concilia ese diagnóstico tranquilizador con el número de detenidos por drogas, el más alto entre todos los delitos. Lo que no parece abundar es voluntad política.
El modelo paraguayo
Una fuente policial sostiene que la regulación del crimen organizado por los políticos sigue el modelo paraguayo. El objetivo es que el crimen organizado opere sin las estridencias de asesinatos en Montevideo, y se concentre en otras áreas, como el desguace de autos robados. Un acuerdo de paz que elimine los asesinatos escalofriantes implicaría la distribución de áreas, ganancias y proveedores del microtrafico.
Cabe recordar que solo una división en el seno del gobernante Partido Colorado, entre los ex presidentes Horacio Cartes y Mario Abdo, permitió la mayor operación antidroga de la historia de Paraguay. Denominada A Ultranza Py produjo la captura en febrero de 2022 de 21.029 kilos de cocaína y la incautación de bienes que eran parte del lavado. Entre los detenidos está el diputado Juan Carlos Ozorio.
Fuente: El Cohete a la Luna
