La convergencia del lawfare y el ajuste estructural
Por Mónica Peralta Ramos
Desde tiempos inmemoriales, el lado oscuro de la Luna ha sido un misterio para los habitantes de nuestro planeta. Irradiar luz sobre el mismo es un imposible que alude al enorme esfuerzo mental y físico de navegar el abismo de lo desconocido. Hoy, sin embargo, el avance de la tecnología permite explorar este territorio ignoto con satélites y misiones espaciales. No obstante, la mayoría de los mortales continúa ignorando que la Luna tiene una cara oculta.
Esto apunta a un drama humano que se repite a lo largo del tiempo y de las distintas civilizaciones: explicar lo que acontece implica interpelar lo que “existe”, intervenir y desarticular una narrativa que pretende dar sentido a la existencia. Estas historias no surgen en el vacío. Se enraízan en códigos, creencias y valores que parecen algo natural e incuestionable, pero representan y reproducen determinadas relaciones de poder que constituyen el eje de la vida social. Hurgar el lado oscuro de las narrativas es hablar de lo que no se habla, aquello que siendo conspicuamente enorme pasa desapercibido porque parece existir desde siempre.
Al igual que la Luna, la crisis energética que hoy sacude al mundo tiene un lado oscuro del que nadie habla. Atribuida a la guerra en Ucrania, esta crisis apunta a políticas y acciones que han desatado los nudos de una crisis sistémica, que antecede y desborda a los conflictos geopolíticos y se imbrica en oscuras relaciones de poder. Así, la guerra en Ucrania es el cisne negro, el acontecimiento inesperado que, cayendo como un rayo de un cielo sereno, ha detonado una inflación galopante y una debacle energética. Esta última, sin embargo, tiene raíces que se entierran en la irracionalidad de una estructura de poder global que se reproduce destruyendo el hábitat, depredando recursos estratégicos no renovables, concentrando la riqueza, multiplicando la pobreza y propagando nuevas y más sofisticadas formas del totalitarismo para disciplinar el caos social y político que engendra.
Sin embargo, en su devenir, la crisis energética detona paradojas que, como verdaderas esquirlas, rompen los velos de la oscuridad. Al reverberar sobre el endeudamiento ilimitado, la crisis energética abre una ventana al lado oscuro de determinadas políticas, una ventana por la que también se vislumbra la emergencia de un nuevo orden global.
Crisis energética y geopolítica
La suba espectacular de los precios del gas en los últimos meses comienza a desarticular a la economía europea y afecta especialmente a su dínamo: la economía alemana. La semana pasada, el ministro de Economía y el titular de la principal asociación empresarial de ese país advirtieron que Alemania se precipita hacia el abismo de una rápida desindustrialización. Buena parte de sus empresas, tanto pequeñas como grandes, están sufriendo “enormes presiones que las llevan a una ruptura estructural”, a su cierre definitivo ante el agotamiento de su “modelo de negocios” centrado en la utilización masiva de energía, en su mayor parte importada de Rusia, y a precios sustancialmente más bajos que los que prevalecían en Estados Unidos y otras regiones del mundo.
De ahora en más, la “era de la abundancia” se acabó y la población tendrá que hacer enormes sacrificios para enfrentar los nuevos precios de la energía y su impacto sobre los alimentos. La culpable de esta debacle es Rusia: habiendo sido golpeada por las sanciones económicas impuestas por Europa por su invasión a Ucrania, restringe el abastecimiento de gas antes de que Europa haya encontrado sustitutos al mismo, provocando así la estampida de precios. En vísperas de la llegada del invierno, las empresas alemanas enfrentan una tormenta perfecta: han perdido el abastecimiento de gas ruso barato, no han logrado encontrar un sustituto, las reservas estratégicas no alcanzan para cubrir las necesidades inmediatas, los precios de la energía no cesan de aumentar y la inflación se generaliza, al tiempo que aumentan las tasas de interés y se cierran los mercados rusos a las exportaciones alemanas.
Esta situación tiene un agravante: no es transitoria. Así lo aclara Ben van Beurden, principal ejecutivo de Shell en Europa: de ahora en adelante será necesario racionar el gas en el viejo continente, pues las faltantes pueden durar varios años. Para el Primer Ministro de Bélgica, el diagnóstico es más preciso: la crisis durará entre 5 y 10 años. Ambos fueron refutados por el ex vicepresidente de Aramco, la principal corporación petrolera de Arabia Saudita, quien una vez más recalcó la posición del gobierno de su país ante los reclamos del Presidente norteamericano, Joe Biden, para que aumente la producción de petróleo: no se trata de un problema transitorio, ya que no existe en el mundo capacidad productiva suficiente como para sustituir el gas ruso importado por Europa.
La crisis energética también golpea a los Estados Unidos. Tanto el gobierno de Donald Trump como el de Biden, en el pasado presionaron a Alemania para que sustituyera las importaciones de gas ruso por gas norteamericano, aunque fuese más caro. Hoy, sin embargo, Estados Unidos no tiene capacidad para abastecer a Europa con el gas que produce. Su precio ha aumentado un 21.8% desde el 2 de agosto, al tiempo que la caída de las reservas estratégicas de recursos energéticos llega a límites peligrosos. Esto ha llevado al gobierno de Biden a conminar a las corporaciones petroleras al cese inmediato de sus exportaciones, advirtiendo que de no hacerlo el gobierno adoptará medidas de emergencia. Ocurre que, en vísperas de elecciones de medio término, el gobierno acude a su producción para estabilizar los precios locales de la nafta. A pesar de ello, el aumento de los precios de la energía actúa como un tsunami e impacta sobre el precio de los alimentos, afectando especialmente a los sectores de menores ingresos. Hoy ya hay 20 millones de familias que arrastran deuda por servicios eléctricos que no han podido pagar.
Mientras tanto, las turbulencias financieras exponen una ruptura creciente entre la especulación con los precios de la energía a futuro y las existencias físicas de energía. La semana pasada, un informe de Goldman Sachs ratificó que el colapso de liquidez lleva a la extrema volatilidad financiera de los precios de la energía y esto coexiste con restricción creciente de existencias físicas, anticipando más turbulencias en los precios de estos productos. Paralelamente, en el campo geopolítico se dan nuevos alineamientos por demás significativos. La firma reciente de un memorándum de entendimiento entre los gobiernos de Rusia e Irán compromete la inversión de 40.000 millones (billions) de dólares en la explotación conjunta de sus reservas de gas natural, que se encuentran entre las mayores del mundo. Rusia e Irán han iniciado así un proceso tendiente a la creación de un cartel global de gas natural, una especie de OPEP del gas, que controlando más del 60% de las reservas mundiales del gas, podrá incidir sobre sus precios internacionales en un futuro marcado por la importancia creciente del uso del gas en la transición hacia las energías renovables.
Crisis energética y crisis financiera
Esta crisis energética aflora luego de décadas de una política monetaria seguida por la Reserva Federal norteamericana y centrada en una activa inyección de liquidez a tasa de interés cercana a cero. Entre otras cosas, esta política ha estimulado el creciente endeudamiento público y privado, la especulación financiera y la sustitución de la inversión productiva por la recompra de las acciones de las grandes corporaciones. Así, en las últimas décadas, el gasto público, el déficit fiscal y el endeudamiento crecen sistemáticamente en los Estados Unidos y otros países centrales y la brecha entre el crecimiento de la deuda y el de la economía se ha incrementado. Esta situación contrasta con las políticas de ajuste estructural que el FMI y los gobiernos de los países más ricos imponen a los países periféricos como única alternativa para solucionar sus respectivos problemas de crecimiento.
Ahora, sin embargo, la Reserva enfrenta un problema serio: la receta clásica para contener a la inflación consiste en restringir la emisión monetaria y aumentar las tasas de interés para desactivar a la demanda y “enfriar” la economía. Esto intenta hacer ahora la Reserva, y con ello las grandes corporaciones perderán el salvavidas de la recompra de acciones, se encarecerá el endeudamiento privado, aumentarán los defaults y el desempleo y la economía se precipitará en una recesión difícil de controlar. Peor aún: a pesar de ello, difícilmente logrará incidir sobre los precios de la energía porque, como el mismo presidente de la Reserva reconoció recientemente ante el Congreso norteamericano, “no puede controlar la volatilidad de ciertos costos, incluido el costo de los productos energéticos (…) no podemos hacer nada al respecto (…) pues se estipulan a nivel global (…) las cadenas de abastecimiento global experimentan disrupciones” y la Reserva “no tiene los instrumentos necesarios para controlarlas” .
El gobierno de Estados Unidos está, entonces, en una situación sin salida aparente: atacará la demanda para controlar la inflación, aumentando las tasas de interés y creando así un “ajuste estructural”, cuyo destinatario final es el gasto de los sectores de menores ingresos amenazados por el desempleo, la degradación de sus ingresos y el encarecimiento creciente de sus deudas. Esto, sin embargo, no logrará detener el aumento de los precios de la energía y la consiguiente degradación del poder adquisitivo de los ingresos de los sectores populares, tradicional bastión del Partido Demócrata.
Así, en vísperas electorales, estas circunstancias llevan a Biden a radicalizar su mensaje. Recientemente acusó al ex Presidente Trump y a sus seguidores de semi-fascistas. El jueves pasado convocó desde la Casa Blanca a la población a defender la democracia y a impedir que Trump y sus seguidores republicanos puedan volver al gobierno. Esto ocurre al tiempo que nuevas revelaciones demuestran la connivencia abierta entre los monopolios tecnológicos que controlan las redes sociales y el acceso a Internet con el gobierno, a fin de censurar opiniones de toda índole e impedir la publicación de información que vincula al Presidente con negociados corruptos.
Argentina: el inicio de una nueva etapa
Corren días muy convulsionados en la Argentina. Luego de meses de continuo ataque violento e inescrupuloso contra el gobierno y la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por parte de las tribus de la oposición macrista, el lawfare estalló a la intemperie. Jueces y fiscales amigos de Mauricio Macri, miembros de su equipo de fútbol, y asiduos visitantes a su residencia y a la Casa Rosada cuando era Presidente, operan ahora a cara descubierta: no sólo bloquean las causas abiertas contra Macri y sus funcionarios, sino que han resucitado una causa ya juzgada y, sin pruebas, piden 12 años de cárcel para la Vicepresidenta: uno por cada año de su anterior gobierno. Esto, ampliamente festejado por las huestes macristas, detonó un fenómeno inédito: el pueblo empezó a movilizarse espontáneamente para proteger a Cristina Fernández de Kirchner y expresarle su amor y gratitud.
Esta movilización potenció la ira de los macristas, que inundaron las redes y los medios exigiendo “ellos o nosotros”, pidiendo el fusilamiento de la Vicepresidenta y represión contra los manifestantes, usando todo tipo de munición. Este clima de violencia golpeó en la nuca del jefe de gobierno porteño, quien decidió poner vallas en torno a la residencia de la Vicepresidenta y reprimir a mansalva el último sábado de agosto, con policías que filmaban a los manifestantes y usaban sus radios para identificar a los dirigentes que “no tienen fueros”. Hacia el jueves, un atentado contra la Vicepresidenta dio origen a una movilización popular en todo el país para repudiar este hecho y defender la democracia.
Estos episodios no se dieron en un repollo. Ocurrieron en un país asolado por un brutal ajuste estructural promovido por el FMI, con las reservas del Banco Central vaciadas luego de persistentes corridas cambiarias, con una inflación creciente producida por el desabastecimiento y la remarcación de precios liderada por un grupo de monopolios que desde hace décadas controlan las áreas claves de la economía. En este país, donde casi la mitad de la población vive en la miseria y cerca del 10% en la indigencia, los grandes empresarios piden al unísono menos impuestos y más subsidios; más ajuste del gasto social y una devaluación inmediata. Algo que, de ocurrir, empobrecerá aún más a la población y dolarizará sus ganancias.
En este contexto, el flamante ministro de Economía realiza un ajuste de tarifas y del gasto social mayor al realizado hasta ahora por Martín Guzmán. En paralelo, se olvida de los millones que siguen pasando hambre sin perspectiva alguna de mejoramiento en el corto plazo, coquetea con exportadores y grandes productores para que liquiden divisas y vendan cosechas, prometiéndoles cada semana que pasa algo más y sin lograr convencerlos; conversa con las grandes corporaciones que exportan y producen alimentos y promete atender sus necesidades de “importaciones” (sic); promete a las multinacionales que producen litio petróleo y gas acceso preferencial a dólares subsidiados (! ) y otras exenciones impositivas si aumentan sus inversiones (!), y así sucesivamente. Al mismo tiempo, prepara las valijas para visitar Houston y Washington DC para “atraer” –sabe Dios con qué nuevos subsidios– inversiones para extraer nuestros recursos naturales, tan necesarios en la actual coyuntura internacional. Sergio Massa tiene dos grandes aliados: un viceministro que hasta hace muy poco lideraba la campaña opositora contra CFK y que proponía un ajuste estructural, que ahora piensa aplicar en cuanto pueda. Como explicó recientemente a sus amigos íntimos, “por ahora no habrá devaluación”, pero todo se está ordenando. Su otro amigo es el embajador norteamericano, quien volvió a advertir la semana pasada que “la Argentina tiene una oportunidad única en la vida (…) puede abastecer al mundo de energía y debe aprovechar las inversiones norteamericanas para desarrollar prontamente su potencial económico. Para ello, y como recordó en su reunión con empresarios la semana pasada, no hay que esperar hasta las elecciones de 2023.
Se abre así una situación inédita: el lawfare y el ajuste estructural convergen y muestran su lado oscuro. Esto casi nos cuesta la vida de la Vicepresidenta, pero ha dado a luz algo invalorable: el pueblo marcha a la cabeza de sus dirigentes y les recuerda que no hay tiempo para perder y que las conquistas históricas del peronismo y del tan odiado kirchnerismo no se entregan. Pidamos entonces adelantar inmediatamente las elecciones y exijamos al gobierno protección efectiva de la Vicepresidenta y medidas para ya empezar a cortar de cuajo tanto el lawfare como el ajuste estructural. Sólo así podremos aprovechar la coyuntura internacional para lograr un desarrollo nacional con inclusión social.
Fuente el Cohete a la luna
